En 2012, el Gobierno del
PP, con Ana Mato al frente de Sanidad, aprobó un decretazo (RD Ley
16/2012 medidas urgentes para la sostenibilidad del sistema
sanitario), con el que, entre otras medidas, se excluía a la
población en situación administrativa irregular de la Sanidad
Pública, dejando como únicas vías de atención los Servicios de
Urgencias y los Servicios Sociales (a través de prestaciones),
además de los casos de maternidad, menores y accidentes y
enfermedades graves.
