Presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.
Extraído de http://www.nuevatribuna.es/
El Ministerio de Hacienda en funciones ha decidido este mes de agosto el Cierre Contable de la Administración, que impide aprobar nuevos gastos del sector público, con el objetivo de afrontar la desviación del déficit público y cumplir con las exigencias de la Comisión Europea que pide nuevos recortes para reducirlo. La Sanidad Pública va a ser uno de las áreas más afectadas por esta medida que pretende ahorrar otros 1.000 millones de euros.
Paradójicamente esta congelación no afectará al gasto farmacéutico, uno de los determinantes más importantes del crecimiento del gasto sanitario, dado que el Ministerio ha anunciado que la medida no impedirá financiar nuevos medicamentos innovadores ni afectará a la política farmacéutica.
Paradójicamente esta congelación no afectará al gasto farmacéutico, uno de los determinantes más importantes del crecimiento del gasto sanitario, dado que el Ministerio ha anunciado que la medida no impedirá financiar nuevos medicamentos innovadores ni afectará a la política farmacéutica.
El crecimiento del gasto farmacéutico esta poniendo en cuestión la sostenibilidad financiera del sistema sanitario público
Mientras el gasto sanitario público se recortó en un 11% (más de 9.000 millones de euros entre los años 2008 y 2015) para cumplir con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el gasto en medicamentos creció de manera desbocada, hasta alcanzar la astronómica cifra de 9.362 millones de euros, lo que coloca a España en el segundo lugar mundial en consumo de medicamentos (Association of the British Pharmaceutical Industry). Lejos de reducirse este gasto sigue imparable como muestra el aumento del gasto en recetas expedidas en farmacias del pasado mes de mayo que experimentó un aumento del 7,84% respecto al mismo mes del pasado año, mientras que el gasto en medicamentos hospitalarios creció un 26% a lo largo del 2015. Esta situación evidencia el fracaso de la política farmacéutica del Gobierno de Rajoy que pretendía contener este gasto para cumplir sus compromisos europeos.
Además de elevado, el gasto farmacéutico en España es en buena parte irracional:
Se utilizan poco los medicamentos genéricos (más baratos por haber perdido la patente) cuyo consumo está 6,5 puntos por debajo de la media de los países de la Unión Europea (48,8% del total frente al 55%). Aunque hace unos años su utilización experimentó cierto crecimiento, este se ha estancado por el abandono de políticas de promoción de los mismos por la administración sanitaria. Se estima en 1.000 millones anuales el ahorro potencial si su utilización alcanzara los niveles europeos.
Se prescriban muchos fármacos de utilidad dudosa o de uso limitado como los destinados a tratar la osteoporosis (primer país del mundo); la demencia (también ocupamos el primer lugar), el colesterol elevado (en consumo de estatinas estamos en octava posición), mientras que el consumo de ansiolíticos ha crecido un 57% en 12 años (la tasa de utilización es de 86 por mil habitantes frente a 18 por mil en Alemania). El omeprazol (cuyo uso continuado se asocia a riesgo de muerte súbita o cardiopatías) ocupa el primer lugar en el ranking de ventas. Esta deficiente utilización de algunos medicamentos, además de aumentar el gasto sanitario supone un riesgo para la salud de la población (la mortalidad por efectos secundarios de medicamentos es la tercera causa de mortalidad). Entre los determinantes de este crecimiento cabría destacar la presión que ejerce la industria farmacéutica sobre los médicos a lo que destinó el pasado año 496 millones de euros (entre médicos y sociedades científicas).
Las políticas del Gobierno de reducir gasto farmacéutico han sido un fracaso
La introducción del copago de medicamentos para los pensionistas (Real Decreto Ley 16/2012) solo han ahorrado 6 millones de euros, aunque han generado una importante barrea de acceso a los medicamentos a los más desfavorecidos.
El Fondo Liquidez Autonómica creado por el Ministerio de Hacienda (por el que las Comunidades Autónomas que no suban el gasto en farmacia por encima del crecimiento del PIB recibirán préstamos sin intereses a devolver 10 años para pagar a proveedores farmacéuticos), apenas ha tenido efectividad dado que solo se han adherido unas pocas CCAA.
El acuerdo entre Ministerio y la industria farmacéutica para que el gasto en medicamentos no creciera por encima del PIB ha sido incumplido por los laboratorios: El gasto ha crecido un 9,8% frente a un 3% de incremento del PIB.
La propia Comisión Europea ha puesto en cuestión las medidas de control del gasto farmacéutico contempladas en el Programa de Reformas 2016 del Gobierno de España ya que, además de no haberse cumplido las previsiones anteriormente expuestas, no se han conseguido las reducciones contempladas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, especialmente en lo referente al control de recetas expedidas en establecimientos de farmacia y en hospitales; se ha vulnerado la legislación comunitaria en la contratación pública y en los mecanismos de control de la misma; se ha utilizado de manera abusiva el procedimiento negociado sin licitación previa para adquisiciones de equipamiento sanitario (fraccionando los contratos de compras para evitar su licitación); y hay poca transparencia en los procedimientos de adquisición de medicamentos.
¿Quiénes han perdido con estas políticas de recorte de gasto asistencial y de crecimiento del gasto farmacéutico?:
1.- Las personas enfermas: Un reciente informe del Consejo Económico y Social recoge un espectacular incremento en las listas de espera quirúrgica para operarse, que pasaron de 372.468 en el año 2009 a 549.424 en el 2015, lo que supone un aumento del 47%.
2.- Los pensionistas y personas de rentas bajas (que empiezan a ser mayoritarias) para los que los copagos han supuesto una importante una barrera de acceso a los tratamientos: El 16% pensionistas de la Comunidad Autónoma de Madrid (el 25% en el caso de los que perciben pensiones por debajo de la media) no retiran los medicamentos prescritos por sus médicos por problemas económicos. En la Comunidad Valenciana este problema afectaba al 33%.
3.- Los trabajadores sanitarios: Según datos del Ministerio de Sanidad, entre 2009 y 2014, el gasto en personal se redujo en 3.449 millones de euros, lo que supuso un recorte del 11%. Como consecuencia se ha producido una importante reducción salarial (13%) para médicos, enfermeras y personal y una destrucción de 12.180 puestos de trabajo (datos sindicales los estiman superiores a 30.000).
Pese a ello la industria farmacéutica pretende sacar al mercado nuevos medicamentos cada vez más costosos, imposibles de financiar con los actuales prepuestos sanitarios
Tras acordar con el Ministerio de Sanidad un precio desproporcionado para el antiviral destinado a tratar a los enfermos con Hepatitis C (más de 30.000 euros por tratamiento, lo que ha incrementado 23% el gasto farmacéutico hospitalario), los laboratorios pretenden comercializar 220 nuevos medicamentos para tratar el cáncer (los actualmente suponen ya el 12,3% del gasto hospitalario sin que hayan incrementado significativamente la supervivencia de los enfermos) o fármacos biologicos (modifican las bacterias para fabricar proteínas para tratar cánceres o artritis) que suponen ya el 40-50% gasto en farmacia hospitalaria (entre 1.800 y 2.250 millones de euros cuando hace apenas 10 años su gasto era nulo). Las multinacionales farmacéuticas han anunciado recientemente que están investigando 586 nuevos fármacos (en Fases II, III y de aprobación) y que tienen ya 136 en fase de desarrollo previo a su comercialización.
Esta avalancha de nuevos fármacos de precios exorbitantes (muchos de ellos de eficacia no comprobada y desde luego con unos precios que no tienen relación con los gastos de investigación y fabricación) pondrán en riesgo la sostenibilidad económica del sistema sanitario público y aumentarán las desigualdades de salud, dado que el acceso a los nuevos fármacos quedará limitado a la población con mayor poder adquisitivo como reconocen los mismos laboratorios.
Lejos de hacer caso a esta previsible catástrofe sanitaria el Gobierno en funciones del PP persiste en su política de congelar el gasto sanitario y mantener la puerta abierta a la financiación de los nuevos (y costosos) medicamentos, para satisfacer los intereses de las multinacionales farmacéuticas (trufadas de antiguos cargos de la administración).
Mientras el gasto sanitario público se recortó en un 11% (más de 9.000 millones de euros entre los años 2008 y 2015) para cumplir con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el gasto en medicamentos creció de manera desbocada, hasta alcanzar la astronómica cifra de 9.362 millones de euros, lo que coloca a España en el segundo lugar mundial en consumo de medicamentos (Association of the British Pharmaceutical Industry). Lejos de reducirse este gasto sigue imparable como muestra el aumento del gasto en recetas expedidas en farmacias del pasado mes de mayo que experimentó un aumento del 7,84% respecto al mismo mes del pasado año, mientras que el gasto en medicamentos hospitalarios creció un 26% a lo largo del 2015. Esta situación evidencia el fracaso de la política farmacéutica del Gobierno de Rajoy que pretendía contener este gasto para cumplir sus compromisos europeos.
Además de elevado, el gasto farmacéutico en España es en buena parte irracional:
Se utilizan poco los medicamentos genéricos (más baratos por haber perdido la patente) cuyo consumo está 6,5 puntos por debajo de la media de los países de la Unión Europea (48,8% del total frente al 55%). Aunque hace unos años su utilización experimentó cierto crecimiento, este se ha estancado por el abandono de políticas de promoción de los mismos por la administración sanitaria. Se estima en 1.000 millones anuales el ahorro potencial si su utilización alcanzara los niveles europeos.
Se prescriban muchos fármacos de utilidad dudosa o de uso limitado como los destinados a tratar la osteoporosis (primer país del mundo); la demencia (también ocupamos el primer lugar), el colesterol elevado (en consumo de estatinas estamos en octava posición), mientras que el consumo de ansiolíticos ha crecido un 57% en 12 años (la tasa de utilización es de 86 por mil habitantes frente a 18 por mil en Alemania). El omeprazol (cuyo uso continuado se asocia a riesgo de muerte súbita o cardiopatías) ocupa el primer lugar en el ranking de ventas. Esta deficiente utilización de algunos medicamentos, además de aumentar el gasto sanitario supone un riesgo para la salud de la población (la mortalidad por efectos secundarios de medicamentos es la tercera causa de mortalidad). Entre los determinantes de este crecimiento cabría destacar la presión que ejerce la industria farmacéutica sobre los médicos a lo que destinó el pasado año 496 millones de euros (entre médicos y sociedades científicas).
Las políticas del Gobierno de reducir gasto farmacéutico han sido un fracaso
La introducción del copago de medicamentos para los pensionistas (Real Decreto Ley 16/2012) solo han ahorrado 6 millones de euros, aunque han generado una importante barrea de acceso a los medicamentos a los más desfavorecidos.
El Fondo Liquidez Autonómica creado por el Ministerio de Hacienda (por el que las Comunidades Autónomas que no suban el gasto en farmacia por encima del crecimiento del PIB recibirán préstamos sin intereses a devolver 10 años para pagar a proveedores farmacéuticos), apenas ha tenido efectividad dado que solo se han adherido unas pocas CCAA.
El acuerdo entre Ministerio y la industria farmacéutica para que el gasto en medicamentos no creciera por encima del PIB ha sido incumplido por los laboratorios: El gasto ha crecido un 9,8% frente a un 3% de incremento del PIB.
La propia Comisión Europea ha puesto en cuestión las medidas de control del gasto farmacéutico contempladas en el Programa de Reformas 2016 del Gobierno de España ya que, además de no haberse cumplido las previsiones anteriormente expuestas, no se han conseguido las reducciones contempladas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, especialmente en lo referente al control de recetas expedidas en establecimientos de farmacia y en hospitales; se ha vulnerado la legislación comunitaria en la contratación pública y en los mecanismos de control de la misma; se ha utilizado de manera abusiva el procedimiento negociado sin licitación previa para adquisiciones de equipamiento sanitario (fraccionando los contratos de compras para evitar su licitación); y hay poca transparencia en los procedimientos de adquisición de medicamentos.
¿Quiénes han perdido con estas políticas de recorte de gasto asistencial y de crecimiento del gasto farmacéutico?:
1.- Las personas enfermas: Un reciente informe del Consejo Económico y Social recoge un espectacular incremento en las listas de espera quirúrgica para operarse, que pasaron de 372.468 en el año 2009 a 549.424 en el 2015, lo que supone un aumento del 47%.
2.- Los pensionistas y personas de rentas bajas (que empiezan a ser mayoritarias) para los que los copagos han supuesto una importante una barrera de acceso a los tratamientos: El 16% pensionistas de la Comunidad Autónoma de Madrid (el 25% en el caso de los que perciben pensiones por debajo de la media) no retiran los medicamentos prescritos por sus médicos por problemas económicos. En la Comunidad Valenciana este problema afectaba al 33%.
3.- Los trabajadores sanitarios: Según datos del Ministerio de Sanidad, entre 2009 y 2014, el gasto en personal se redujo en 3.449 millones de euros, lo que supuso un recorte del 11%. Como consecuencia se ha producido una importante reducción salarial (13%) para médicos, enfermeras y personal y una destrucción de 12.180 puestos de trabajo (datos sindicales los estiman superiores a 30.000).
Pese a ello la industria farmacéutica pretende sacar al mercado nuevos medicamentos cada vez más costosos, imposibles de financiar con los actuales prepuestos sanitarios
Tras acordar con el Ministerio de Sanidad un precio desproporcionado para el antiviral destinado a tratar a los enfermos con Hepatitis C (más de 30.000 euros por tratamiento, lo que ha incrementado 23% el gasto farmacéutico hospitalario), los laboratorios pretenden comercializar 220 nuevos medicamentos para tratar el cáncer (los actualmente suponen ya el 12,3% del gasto hospitalario sin que hayan incrementado significativamente la supervivencia de los enfermos) o fármacos biologicos (modifican las bacterias para fabricar proteínas para tratar cánceres o artritis) que suponen ya el 40-50% gasto en farmacia hospitalaria (entre 1.800 y 2.250 millones de euros cuando hace apenas 10 años su gasto era nulo). Las multinacionales farmacéuticas han anunciado recientemente que están investigando 586 nuevos fármacos (en Fases II, III y de aprobación) y que tienen ya 136 en fase de desarrollo previo a su comercialización.
Esta avalancha de nuevos fármacos de precios exorbitantes (muchos de ellos de eficacia no comprobada y desde luego con unos precios que no tienen relación con los gastos de investigación y fabricación) pondrán en riesgo la sostenibilidad económica del sistema sanitario público y aumentarán las desigualdades de salud, dado que el acceso a los nuevos fármacos quedará limitado a la población con mayor poder adquisitivo como reconocen los mismos laboratorios.
Lejos de hacer caso a esta previsible catástrofe sanitaria el Gobierno en funciones del PP persiste en su política de congelar el gasto sanitario y mantener la puerta abierta a la financiación de los nuevos (y costosos) medicamentos, para satisfacer los intereses de las multinacionales farmacéuticas (trufadas de antiguos cargos de la administración).
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