No es incompetencia, es estrategia

Concentración frente al Centro de Consultas Príncipe de Viana (24/5/18)

El 24 de mayo, en distintos lugares del Estado, se van a llevar a cabo acciones de nuevo con el objetivo de denunciar la insostenible situación que se está viviendo en relación a las listas de espera en la sanidad pública. La demora en la atención, es uno de los elementos que expresan los procesos de deterioro y desmantelamiento y a la postre desprestigio de la sanidad pública, los cuales, mantenidos en el tiempo, facilitan el camino a las aseguradoras privadas y favorecen la privatización a través de los conciertos con la sanidad privada.

Si bien no existen realidades realmente buenas en lo que a listas de espera se refiere, la situación es extremadamente desigual dependiendo del territorio al que nos refiramos. La Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS), apunta que “mientras una consulta preferente con el especialista tenga que hacerse antes de 10 días en Navarra, en otros territorios pueda retrasarse más de 10 meses. O que una prueba diagnóstica normal sea realizada antes de 45 días, mientras que en otros lugares pueda demorarse 1 año o más. Incluso cuando hablamos de enfermedades graves, como pueden ser procesos oncológicos, hay comunidades autónomas que “garantizan”el tratamiento quirúrgico antes de 30 días, mientras que en otras la misma intervención puede demorar 6 meses”. La pasividad política es patente y no hay iniciativa alguna con la intención de enmendar a las Comunidades más descuidadas a la hora de atender un derecho fundamental como la salud. El deterioro de las listas de espera prolongadas manifiesta la apuesta de sus gobiernos por convencer a la ciudadanía de la necesidad de que firme pólizas de seguro y aporte así parte de sus ingresos en beneficio de los negocios sanitarios privados. La desidia forma parte de esta estrategia.

La asistencia sanitaria es un derecho

El Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido la asistencia sanitaria universal en Navarra, al considerar que la Ley Foral 8/2013, la cual reconocía el derecho a la asistencia sanitaria universal a todas las personas que viven en Navarra, contraviene lo establecido en el Real Decreto 16/2012.

De esta manera, se está anulando progresivamente las leyes y normas autonómicas, que buscaban mantener la cobertura de la asistencia sanitaria universal para las personas que se encuentran en una situación administrativa irregular, después de que el polémico decreto los excluyera del Sistema Nacional de Salud y modificase el sujeto de derecho: hablando de personas beneficiarias, reduciendo la sanidad a cifras y abriendo además la puerta a futuras privatizaciones del sistema público de salud. Un decreto que vio la luz en un tiempo exprés, basado en argumentos economicistas y xenófobos, por eso cada territorio puso en marcha diferentes fórmulas jurídicas para poder dar cobertura a todas las personas, parches que año tras año el Tribunal Constitucional ha ido arruinando, argumentando la falta de competencias, otorgando al estado la capacidad de vulnerar derechos tan fundamentales como la Salud.