El nuevo Gobierno del Estado español ya ha anunciado que va a garantizar el derecho a la atención sanitaria a todas las personas que residan en el Estado, independientemente de su situación administrativa. Como entidades que trabajamos en el ámbito de la salud y los derechos humanos damos la bienvenida a dicho anuncio y demandamos a la ministra de Sanidad, Carmen Montón, a adoptar, “sin mayor dilación”, la derogación de dicho decreto para revertir los “devastadores efectos” del Real Decreto 16/2012, por el que se retiró la tarjeta sanitaria a cientos de miles de personas, la mayoría migrantes en situación administrativa irregular.
