Según informan los medios de comunicación, los y las 7.013 mutualistas de MUFACE de Navarra que optan por la asistencia privada dispondrán de los recursos de un consorcio de seguros de la sanidad privada para cubrir sus necesidades.
MUFACE, para personal funcionario de educación, así como ISFAS, para el personal de las fuerzas armadas o MUGEJU, para el sistema de justicia, son Mutualidades de funcionarios paralelas a la Seguridad Social. A diferencia de ésta, atienden a las y los trabajadores públicos contratando los servicios de la sanidad privada, pero también pueden optar por ser atendidos en el sistema sanitario público.
El dinero público de las cotizaciones, nunca mejor dicho ya que la empresa que cotiza es la propia administración pública, va directamente a financiar la sanidad privada.
Estos sistemas ajenos a la Seguridad Social son profundamente insolidarios. Atienden a empleados y empleadas con mejor nivel de salud que el sistema público. Además, una parte importante de las y los funcionarios están expuestos a menores riesgos laborales y tienen por ello menor frecuencia de contingencias profesionales. Pese a lo anterior son sistemas deficitarios (a saber el control público que existe sobre ellos), a los que los presupuestos generales del estado tienen que inyectar sistemáticamente ayudas financieras para su supervivencia.
¿Por qué los y las funcionarias deben disponer de acceso a una supuesta atención sanitaria diferenciada?
Este tipo de mutualidad que incentiva el consumo sanitario es altamente ineficiente. Multiplica por tres la utilización de los servicios de urgencia frente al sistema público, basado en la Atención Primaria, se frecuentan el doble los servicios hospitalarios. En definitiva, es más costoso que el público.
La ausencia de control del sistema de aseguramiento conlleva a veces a una doble atención parasitándose algunas prestaciones del sistema público (pago de farmacia, patologías costosas,…), constituyéndose así estas mutualidades en organizaciones de financiación de la sanidad privada
Experiencias internacionales en Holanda, USA y Reino Unido han mostrado el fracaso económico y en términos de salud que supone basar la asistencia en seguros privados como hace el reciente acuerdo de MUFACE.
Los funcionarios y funcionarias de MUFACE debieran exigir su integración en el sistema sanitario público de Navarra, SNS-O, en coherencia con su defensa del sistema público educativo.
Desde la Plataforma Navarra de Salud exigimos al Gobierno de Navarra la integración de MUFACE en la sanidad pública, algo ya previsto en la Ley General de Sanidad de 1986.
MUFACE, para personal funcionario de educación, así como ISFAS, para el personal de las fuerzas armadas o MUGEJU, para el sistema de justicia, son Mutualidades de funcionarios paralelas a la Seguridad Social. A diferencia de ésta, atienden a las y los trabajadores públicos contratando los servicios de la sanidad privada, pero también pueden optar por ser atendidos en el sistema sanitario público.
El dinero público de las cotizaciones, nunca mejor dicho ya que la empresa que cotiza es la propia administración pública, va directamente a financiar la sanidad privada.
Estos sistemas ajenos a la Seguridad Social son profundamente insolidarios. Atienden a empleados y empleadas con mejor nivel de salud que el sistema público. Además, una parte importante de las y los funcionarios están expuestos a menores riesgos laborales y tienen por ello menor frecuencia de contingencias profesionales. Pese a lo anterior son sistemas deficitarios (a saber el control público que existe sobre ellos), a los que los presupuestos generales del estado tienen que inyectar sistemáticamente ayudas financieras para su supervivencia.
¿Por qué los y las funcionarias deben disponer de acceso a una supuesta atención sanitaria diferenciada?
Este tipo de mutualidad que incentiva el consumo sanitario es altamente ineficiente. Multiplica por tres la utilización de los servicios de urgencia frente al sistema público, basado en la Atención Primaria, se frecuentan el doble los servicios hospitalarios. En definitiva, es más costoso que el público.
La ausencia de control del sistema de aseguramiento conlleva a veces a una doble atención parasitándose algunas prestaciones del sistema público (pago de farmacia, patologías costosas,…), constituyéndose así estas mutualidades en organizaciones de financiación de la sanidad privada
Experiencias internacionales en Holanda, USA y Reino Unido han mostrado el fracaso económico y en términos de salud que supone basar la asistencia en seguros privados como hace el reciente acuerdo de MUFACE.
Los funcionarios y funcionarias de MUFACE debieran exigir su integración en el sistema sanitario público de Navarra, SNS-O, en coherencia con su defensa del sistema público educativo.
Desde la Plataforma Navarra de Salud exigimos al Gobierno de Navarra la integración de MUFACE en la sanidad pública, algo ya previsto en la Ley General de Sanidad de 1986.
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