Gracias a un enorme esfuerzo científico basado en la colaboración internacional y a históricas sumas de dinero público, la humanidad ha podido desarrollar varias vacunas contra la COVID-19 eficaces en menos de un año.
Sin embargo, este gran logro puede verse totalmente ensombrecido por la codicia de la industria farmacéutica. En una situación tan crítica como la que vivimos, el criterio de excepcionalidad que se exige a la mayoría de la población debe aplicarse también sobre la industria farmacéutica privada y su permanente sed de beneficio. Liberar las patentes relacionadas con la Covid-19 debe ser una prioridad y un primer paso.
Pero no podemos quedarnos ahí. Iniciativas como COVAX o C-TAP han fracasado estrepitosamente no solo por su insuficiencia sino, sobre todo, porque responden al fallido sistema actual de gobernanza mundial con propuestas donde los países enriquecidos y las multinacionales, muchas veces bajo forma de fundaciones, pretenden reconfigurar a su antojo el orden mundial. La filantropía y las iniciativas público-privadas en auge no son la solución. Mucho menos ante los retos globales actuales y en un mundo dominado por Estados e industrias guiadas por la ley única del mercado y el máximo beneficio.
La crisis sanitaria está muy lejos de resolverse. El sistema capitalista y las políticas neoliberales han tenido un papel fundamental en todas las fases. En el origen de este virus está la transformación desenfrenada de las relaciones entre la especie humana y la naturaleza. La crisis ecológica y la crisis sanitaria están íntimamente relacionadas. Y la misma lógica predadora neoliberal ha agudizado las consecuencias de ambas al plantear una gestión de la crisis en clave privada y competitiva. El resultado es más desigualdad, más sufrimiento y más muertes en nombre de los intereses de una minoría privilegiada.
La pandemia ha acelerado y profundizado tendencias peligrosas, brechas sociales y fenómenos multidimensionales que veníamos observando desde hace décadas y que sufren en primera instancia las clases populares, especialmente las mujeres y las personas racializadas. Las mujeres son mayoritarias entre el personal sanitario que ha estado al frente de la lucha contra la pandemia, pero también en el sostenimiento de la vida frente a los recortes de servicios públicos y de derechos sociales de las que son las primeras víctimas.
La salud y el acceso a la sanidad y a la vacunación son un derecho humano universal. Por lo tanto, las vacunas deben ser consideradas un bien público global. Y para asegurar su accesibilidad universal, liberar urgentemente las patentes debe acompañarse de mecanismos de nacionalización de las industrias farmacéuticas privadas y de una fuerte inversión en el desarrollo de industrias farmacéuticas públicas en todos los países. Una acción decidida que permita planificar públicamente la producción y distribución de las vacunas, desarrollando las capacidades productivas propias a nivel local allí donde sea posible y complementando con solidaridad internacional vinculante en el resto de casos.
Si los virus no entienden de fronteras, su combate tampoco debería. El chovinismo sanitario es otra cara de la deriva reaccionaria excluyente que recorre el mundo. Los pueblos del Sur Global deben poder acceder a las vacunas en igualdad de condiciones que el resto de habitantes del planeta. Saludamos los esfuerzos de Cuba por desarrollar vacunas y tratamientos contra la pandemia desde la vocación de poner los resultados a disposición de la humanidad. Retos planetarios como una pandemia necesitan respuestas globales a la altura del desafío.
La economía privada, la fe ciega en el mercado y la lógica del beneficio se han demostrado incompatibles con la vida. La salud no puede ser una mercancía. La reactivación de la actividad económica no puede hacerse a costa de la salud ni de los derechos de las mayorías. Toca elegir: capital o vida. Debemos actuar con rapidez y contundencia, pensando en una estrategia global de acceso igualitario y de garantía universal del derecho a la salud.
Por todo ello demandamos:
Liberar las patentes privativas en todas las tecnologías, conocimientos, tratamientos y vacunas relacionadas con la COVID-19.
La eliminación de los secretos comerciales y publicación de la
información sobre los costes de producción y la inversión pública
utilizada, de forma clara y accesible para toda la población. La transparencia y control público en todas las fases del desarrollo de las vacunas. El acceso universal, libre y gratuito a la vacunación y a los tratamientos.
La expropiación y socialización de la industria farmacéutica privada
bajo control social como base de un sistema sanitario público y
universal que fomente la producción de tratamientos y medicamentos
genéricos.
El incremento de las inversiones y presupuestos públicos destinados a
sanidad pública y a políticas públicas de cuidados, incluyendo un
aumento de la contratación, salarios y condiciones laborales del
personal de estos sectores.
La instauración de tasas sobre la riqueza (patrimonio e ingresos del 1%
más rico) destinadas a financiar la lucha contra la pandemia y a
asegurar una salida socialmente justa y ecológicamente sostenible de las
diferentes crisis del capitalismo global.
La suspensión del pago de las deudas mientras dure la pandemia y la
anulación tanto de las deudas ilegítimas como de aquellas contraídas
para financiar la lucha contra el virus.
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