Con
una necesaria auditoria de las cuentas aún sin realizar y tras la aprobación de
unos presupuestos sociales continuistas, el responsable del departamento nos
plantea la imposibilidad de recuperar para el sector público los numerosos
servicios sanitarios derivados al ámbito privado por el gobierno anterior,
afirmando la existencia de prestaciones exclusivas por el sector privado.
Mientras en el Complejo Hospitalario continúan sin
ponerse en marcha plantas enteras, mientras la carencia de personal es
alarmante en los servicios, se nos plantea la renovación de conciertos con
centros privados, incluso más allá de la presente legislatura. Conciertos y
acuerdos firmados en condiciones del todo irregulares por la falta de
motivación, falta de estudios de coste/eficiencia, falta de concurso público
para su adjudicación... etc.
Consideramos
además muy grave que se planteen, a través de una Comisión Paritaria, opciones
que van más allá de la presente legislatura, totalmente abiertas a abarcar
nuevos campos del sector público y siguiendo intereses de negocio privado de la
CUN: inversiones, planes de futuro... etc, que se alejan totalmente de la
búsqueda de una mayor eficiencia y calidad en un concepto integral y social de
la salud, según vienen marcadas por la Ley General de la Sanidad y la Ley Foral
de Salud. Si leemos entre-líneas, entendemos que esta vía de concentación
tiende a cronificarse pues la CUN hace inversiones a largo plazo (las cuales
pretende, necesita y logra amortizar con dinero público), mientras el sector
público sigue atrapado en gastos derivados del ladrillo, no afrontando
determinadas inversiones que le pudieran liberar de la indeseable dependencia
de tecnologías en manos del sector privado.
Consideramos
que no es así como un Gobierno “del cambio” debe actuar.
Por
todo ello, hacemos un llamamiento tanto a los integrantes del cuatripartito del
cambio, así como a la Cámara de Comptos y otros agentes sociales a reconsiderar, cuestionar y paralizar esta vía
de Acuerdos Marco con Instituciones privadas, dado que atentan frontalmente a
la transparencia democrática y al interés social.
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