En 2012, el Gobierno del
PP, con Ana Mato al frente de Sanidad, aprobó un decretazo (RD Ley
16/2012 medidas urgentes para la sostenibilidad del sistema
sanitario), con el que, entre otras medidas, se excluía a la
población en situación administrativa irregular de la Sanidad
Pública, dejando como únicas vías de atención los Servicios de
Urgencias y los Servicios Sociales (a través de prestaciones),
además de los casos de maternidad, menores y accidentes y
enfermedades graves.
Con la excusa de la
búsqueda de la sostenibilidad del Sistema Sanitario o de acabar con
el turismo sanitario, unas 800 000 personas, según Medicos del
Mundo, se han visto despojadas de su derecho a la atención
sanitaria. Durante estos casi cuatro años de vigencia de la citada
reforma sanitaria han sido muchos los movimientos de rechazo,
denuncia y desobediencia por parte de profesionales y colectivos
sociales. Incluso, Comunudades Autónomas como Andalucía, CAV o
Catalunya están tomando dedicisiones propias para dar atención a
toda la población.
En el caso de Navarra,
cuando se puso en vigor la reforma, el Gobierno de UPN planteó una
vía de ayudas económicas a través de los Servicios Sociales para
pagar el aseguramiento de personas en situación irregular. Por otra
parte, se dieron múltiples casos de prefacturación en los Servicios
de Urgencias que disuadían a esta parte de la población a utilizar
un servicio que incluso la reforma les otorgaba. A esta situación,
la oposición parlamentaria del momento logró aprobar, con la
posición en contra del partido del Gobierno, la Ley Foral 8/2013 por
la que se reconoce la asistencia sanitaria gratuíta a todas las
personas residentes en Navarra, con independencia de su situación
administrativa. No obstante, el Gobierno de España la recurrió ante
el Tribunal Constitucional el cual levantó la suspensión de dicha
Ley pero que aún no ha decidido sobre la constitucionalidad de la
misma.
Recientemente, el Pleno
del tribunal Constitucional se ha posicionado de forma favorable a
reconocer la constitucionalidad del “decretazo” que excluye a
personas sin permiso de residencia de la sanidad, el cual fue
recurrido, precisamente por el Parlamento de Navarra. Se trata de una
pésima noticia pues se pretende legitimar judicialmente una
situación de vulneración de un derecho elemental como la Salud.
Además, este posicionamiento puede jugar en contra de la legislación
propia de Navarra que sí da atención sanitaria a todas las
personas, la cual, como decíamos, está recurrida ante este mismo
Tribunal Constitucional.
Desde la Plataforma
Navarra de Salud apostamos por una Sanidad Pública Universal y
rechazamos este “mazazo” judicial que permite anteponer criterios
economicistas a derechos básicos, avalando normativa xenófoba que
genera mayor sufrimiento en una parte de la población ya bastante
castigada por su propia situación de irregularidad.
Iruña, agosto de 2016
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