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| Araceli Ortíz y Marciano Sánchez Bayle |
Extraído de:
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha anunciado que coordinará y dará soporte a las 25 entidades que se han posicionado contra cualquier tipo de colaboración público-privada en la Sanidad española, dentro de la plataforma que se acaba de crear.
El anuncio se realizó durante la presentación de un manifiesto contra la colaboración público-privada en la Sanidad española y la exposición de siete puntos concretos, lo que corrió a cargo de los secretarios de la Federación, Marciano Sánchez Bayle y Araceli Ortiz. Ambos actuaron como portavoces de la recién creada Red de Organizaciones y Plataformas por la derogación de todas las fórmulas de Colaboración Público Privada (CPP) sanitarias.
Contra las privatizaciones
Marciano Sánchez Bayle afirmó que la nueva plataforma y su manifiesto fundacional trabajarán para que la gestión privada de todos los centros asistenciales públicos pase a gestión directa. En ese sentido, se refirió a las diferentes formas de colaboración privadas (CPP) existentes como a distintas fórmulas de privatización de los servicios sanitarios, de forma que se constituyen en el “pilar básico de una estrategia destinada a beneficiar negocios privados”.
El secretario de la FADSP aseguró que el avance de la colaboración público-privada se traduce en una menor inversión en la Sanidad Pública, a través de recortes presupuestarios, derivación de pacientes complejos de centros privados a públicos (selección de riesgo) y falta de transparencia en las asignaciones y la gestión sanitaria. Según su razonamiento, concurren a los procesos de CPP grupos de empresas, que de forma directa o indirecta, acaban conformando oligopolios de gestión sanitaria controlados finalmente por “bancos, constructoras o fondos buitre”.
Contra las FPI
Sánchez Bayle se mostró especialmente beligerante contra las FPI, o iniciativas de financiación privada (Private Finance Initiative), que se pusieron en marcha inicialmente en el Reino Unido. Posteriormente, relató el secretario, el modelo se extendió a otros países de Europa, América Latina, Canadá y otros lugares. Según sus palabras, allí donde se ha practicado la CPP se han encarecido los costes de la asistencia sanitaria. En dichos países, como fenómeno también observado por Sánchez Bayle en España, se reducen las partidas presupuestarias destinadas al sector público, al tiempo que crecen las destinadas al sector privado.
En ese punto, y en referencia a la Comunidad de Madrid, el secretario habló de un descenso del 9,5 por ciento en el presupuesto de los centros públicos en 2011, y del 1,5 por ciento en 2012. Una contracción presupuestaria que en 2013 llegó al -16,13 por ciento en los centros públicos, con un incremento presupuestario del 5 por ciento para los centros privados. Cifras que tuvieron continuidad al siguiente tenor, según Sánchez Bayle:
2014: Públicos (-8,9 por ciento) vs Privados (15,73 por ciento)
2015: Públicos (-0,5 por ciento) vs Privados (6,84 por ciento)
2016: Públicos (0,1 por ciento) vs Privados (5 por ciento)
2017: Públicos (2,1 por ciento) vs Privados (6,5 por ciento)
Listas de espera quirúrgica
Sin salir de la Comunidad de Madrid, el secretario de la FADSP explicó que la región está pagando todavía “los hospitales de Esperanza Aguirre”. Según sus palabras, después de levantar 11 hospitales privados y semiprivados, se ha pasado de una lista de espera de 26.672 pacientes, en junio de 2005, a más de 84.000 pacientes en septiembre de 2016.
También cargó Sánchez Bayle contra el Hospital de Burgos, centro semiprivado de clase FPI, que excedió en mucho su coste de realización, con fondos públicos para su financiación. Fenómeno similar al que el secretario vio en el Hospital de Vigo.
Desde la calle
Por su parte, la también secretaria de la FADSP, Araceli Ortíz, quiso destacar que la plataforma, así como las posibles mareas blancas que se formen a partir de ahora, responden a inciativas populares. Como ejemplo de ello, puso las movilizaciones contra el modelo de gestión que se quería implantar en el Hospital de Vigo que, según sus palabras, consiguió movilizar en una manifestación a 200.000 personas de una población total de 600.000 en la ciudad gallega.
Tras su descalificación general contra las fórmulas de CPP, el secretario de la FADSP estima que el cambio legislativo que está en marcha en España, con inclusión de la eliminación de los contratos de colaboración público-privada, consagrarán otras fórmulas, como las concesiones administrativas, en un proceso privatizador, según su opinión, que sigue siempre adelante.
Para finalizar, Sánchez Bayle diferenció las CPP de las concesiones administrativas, en las que la gestión privada se ocupa de la realización de los hospitales, para luego encargarse de la prestación de servicios no sanitarios. Un modelo que, según su opinión, también está presente en hospitales, como los de Móstoles, Alzira, Coslada o Valdemoro, por ejemplo.
Ley española y casos británicos Sea como fuere la fórmula que adopte cada nueva CPP, el secretario pidió la derogación de la Ley 15/1997, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud (SNS) y cualquier otra norma de rango estatal o autonómico que auspicie o permita las fórmulas de CPP. Una petición que llegó a apoyar con la afirmación de que hay hospitales del Reino Unido donde la privatización de los servicios sanitarios ha tenido coste vital para un determinado número de ciudadanos, a raíz de la calidad asistencial perdida. Como ejemplo de ello, puso las decisiones administrativas por las que en algunos centros asistenciales británicos los triajes de enfermería son realizados por personal no sanitario. Personal que a veces, según relató Sánchez Bayle, incluso deciden los pacientes que ingresan o no en cuidados intensivos.
El anuncio se realizó durante la presentación de un manifiesto contra la colaboración público-privada en la Sanidad española y la exposición de siete puntos concretos, lo que corrió a cargo de los secretarios de la Federación, Marciano Sánchez Bayle y Araceli Ortiz. Ambos actuaron como portavoces de la recién creada Red de Organizaciones y Plataformas por la derogación de todas las fórmulas de Colaboración Público Privada (CPP) sanitarias.
Contra las privatizaciones
Marciano Sánchez Bayle afirmó que la nueva plataforma y su manifiesto fundacional trabajarán para que la gestión privada de todos los centros asistenciales públicos pase a gestión directa. En ese sentido, se refirió a las diferentes formas de colaboración privadas (CPP) existentes como a distintas fórmulas de privatización de los servicios sanitarios, de forma que se constituyen en el “pilar básico de una estrategia destinada a beneficiar negocios privados”.
El secretario de la FADSP aseguró que el avance de la colaboración público-privada se traduce en una menor inversión en la Sanidad Pública, a través de recortes presupuestarios, derivación de pacientes complejos de centros privados a públicos (selección de riesgo) y falta de transparencia en las asignaciones y la gestión sanitaria. Según su razonamiento, concurren a los procesos de CPP grupos de empresas, que de forma directa o indirecta, acaban conformando oligopolios de gestión sanitaria controlados finalmente por “bancos, constructoras o fondos buitre”.
Contra las FPI
Sánchez Bayle se mostró especialmente beligerante contra las FPI, o iniciativas de financiación privada (Private Finance Initiative), que se pusieron en marcha inicialmente en el Reino Unido. Posteriormente, relató el secretario, el modelo se extendió a otros países de Europa, América Latina, Canadá y otros lugares. Según sus palabras, allí donde se ha practicado la CPP se han encarecido los costes de la asistencia sanitaria. En dichos países, como fenómeno también observado por Sánchez Bayle en España, se reducen las partidas presupuestarias destinadas al sector público, al tiempo que crecen las destinadas al sector privado.
En ese punto, y en referencia a la Comunidad de Madrid, el secretario habló de un descenso del 9,5 por ciento en el presupuesto de los centros públicos en 2011, y del 1,5 por ciento en 2012. Una contracción presupuestaria que en 2013 llegó al -16,13 por ciento en los centros públicos, con un incremento presupuestario del 5 por ciento para los centros privados. Cifras que tuvieron continuidad al siguiente tenor, según Sánchez Bayle:
2014: Públicos (-8,9 por ciento) vs Privados (15,73 por ciento)
2015: Públicos (-0,5 por ciento) vs Privados (6,84 por ciento)
2016: Públicos (0,1 por ciento) vs Privados (5 por ciento)
2017: Públicos (2,1 por ciento) vs Privados (6,5 por ciento)
Listas de espera quirúrgica
Sin salir de la Comunidad de Madrid, el secretario de la FADSP explicó que la región está pagando todavía “los hospitales de Esperanza Aguirre”. Según sus palabras, después de levantar 11 hospitales privados y semiprivados, se ha pasado de una lista de espera de 26.672 pacientes, en junio de 2005, a más de 84.000 pacientes en septiembre de 2016.
También cargó Sánchez Bayle contra el Hospital de Burgos, centro semiprivado de clase FPI, que excedió en mucho su coste de realización, con fondos públicos para su financiación. Fenómeno similar al que el secretario vio en el Hospital de Vigo.
Desde la calle
Por su parte, la también secretaria de la FADSP, Araceli Ortíz, quiso destacar que la plataforma, así como las posibles mareas blancas que se formen a partir de ahora, responden a inciativas populares. Como ejemplo de ello, puso las movilizaciones contra el modelo de gestión que se quería implantar en el Hospital de Vigo que, según sus palabras, consiguió movilizar en una manifestación a 200.000 personas de una población total de 600.000 en la ciudad gallega.
Tras su descalificación general contra las fórmulas de CPP, el secretario de la FADSP estima que el cambio legislativo que está en marcha en España, con inclusión de la eliminación de los contratos de colaboración público-privada, consagrarán otras fórmulas, como las concesiones administrativas, en un proceso privatizador, según su opinión, que sigue siempre adelante.
Para finalizar, Sánchez Bayle diferenció las CPP de las concesiones administrativas, en las que la gestión privada se ocupa de la realización de los hospitales, para luego encargarse de la prestación de servicios no sanitarios. Un modelo que, según su opinión, también está presente en hospitales, como los de Móstoles, Alzira, Coslada o Valdemoro, por ejemplo.
Ley española y casos británicos Sea como fuere la fórmula que adopte cada nueva CPP, el secretario pidió la derogación de la Ley 15/1997, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud (SNS) y cualquier otra norma de rango estatal o autonómico que auspicie o permita las fórmulas de CPP. Una petición que llegó a apoyar con la afirmación de que hay hospitales del Reino Unido donde la privatización de los servicios sanitarios ha tenido coste vital para un determinado número de ciudadanos, a raíz de la calidad asistencial perdida. Como ejemplo de ello, puso las decisiones administrativas por las que en algunos centros asistenciales británicos los triajes de enfermería son realizados por personal no sanitario. Personal que a veces, según relató Sánchez Bayle, incluso deciden los pacientes que ingresan o no en cuidados intensivos.
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