Ikusita Osasuneko kontseilariak ez duela deus egiten osasun etxeetako langileen eta erabiltzaileen arazoak konpontzeko, elkarretaratzeak berriz egitera behartuak gaude.
Elkarretaratzeei berriz ekiteko unea da, egiturazko konponbideak behar direlako.
Langile eta erabiltzaile guztiei dei egiten diegu elkarretaratze horietan parte har dezaten.
MARTXOKO ASTEAZKEN GUZTIETAN, 11:00ETAN,
OSASUN ETXEEN AURREAN
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| Foto: pamplonaactual.com |
La Plataforma Navarra de Salud/Nafarroako Osasun Plataforma (PNS/NOP), considera que en Navarra existen importantes carencias y deficiencias estructurales del Sistema Público de Salud, y a partir del inicio de la pandemia Covid 19, la situación se ha agravado, incidiendo de manera especial en la Atención Primaria de Salud.
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| Concentración frente a Delegación del Gobierno. 27 de febrero. Iruña. |
Concertación es privatización, en defensa de una sanidad 100% pública
Distintas Comunidades Autónomas están derivando pacientes Covid a la sanidad privada. La horquilla de precios es amplia y no resulta fácil establecer comparativas sencillas pues no todas las fórmulas de pago son homogéneas y además, a parte del coste bruto, hay que tener en cuenta la política de derivaciones que se lleve a cabo (qué tipo de paciente se deriva o el momento del proceso clínico en el que se hace la derivación). No obstante resulta significativo que sean Madrid y Catalunya, territorios en los que los fenómenos de privatización están más extendidos, las Comunidades que manejan precios más elevados.
A pesar de que existen diferencias en los precios, no cabe duda de que en ninguno de los casos el sector privado va a dejar de lucrarse por atender pacientes Covid, más bien al contrario, dichas derivaciones parecen suponer un auténtico rescate para un sector que ve mermadas sus oportunidades de negocio en el contexto de la pandemia. De hecho, desde ASPE (Alianza de la Sanidad Privada Española), están reclamando que a través de la concertación se amortigüen las pérdidas económicas de los últimos meses.
En Navarra, durante la primera ola se gastaron 2,9 millones de euros en la atención de pacientes Covid en la sanidad privada concertada. Actualmente, los precios acordados con la CUN y la Clínica San Miguel se establecen en base a una tarifa plana: 4.908 euros por ingreso en planta; 40.978 euros por ingreso en UCI. A ello hay que añadir el concepto de reserva de camas, que se ha pactado en 181 euros por cama y día. Es necesario apuntar que las estancias medias hospitalarias han ido descendiendo a lo largo de los meses debido a un mejor abordaje terapéutico por lo que estas tarifas planas en las que se paga por ingreso y no por día parecen resultar cada vez más lucrativas. En lo que se refiere a San Juan de Dios, se pagan 519 euros diarios para los primeros diez días y 209 a partir del día 22 (232,94 euros al día si la estancia es con rehabilitación). Así, se garantiza el negocio en función de las características y necesidades de cada centro.
Con esta nota desde la Plataforma Navarra de Salud queremos reclamar que la Atención Primaria debe recuperar el papel central de respuesta a la pandemia que se le ha hurtado y también alertar del riesgo de privatización y aumento de desigualdades sociales en salud si se permite la incursión del sistema sanitario privado en la administración de las vacunas frente a la COVID-19.
Nuestras y nuestros responsables del Departamento de Salud dicen en público apostar por el fortalecimiento de la atención primaria de salud, de los centros que atienden las 52 zonas básicas en las que está dividida Navarra entendiendo que son agentes activos de equidad en salud, garantes de la universalidad de los derechos sanitarios, piezas clave de promoción y prevención, valladar frente a la pandemia etc.
Sorprende por ello que todas y cada una de las intervenciones nucleares contra la pandemia como la realización de pruebas PCR, rastreos o vacunación, se hagan desde estructuras y recursos atípicos como los ubicados en Refena, laboratorios privados o boxes móviles desplazados desde Toulouse. A veces incluso con personal de atención primaria incentivado económicamente para su traslado.
Ahora en el control de las bajas médicas además de criterios clínicos pesarán criterios económicos de gestión de la Seguridad Social.
Existe un discurso recurrente del empresariado, sobre el supuesto fraude, jamás demostrado, de las y los trabajadores en el disfrute de la prestación de Incapacidad Temporal común. Se han ido habilitando ingentes recursos para el control de este supuesto fraude. Además del personal facultativo de Atención Primaria que prescribe la baja intervienen en su control la Inspección Médica, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), las mutuas empresariales y a veces servicios médicos contratados a tal efecto por las propias empresas. Una verdadera cohorte de personal médico y administrativo tras cada trabajador o trabajadora de baja. Los recursos contra el fraude fiscal empresarial una bagatela.
Desde hace años la Seguridad Social ha ido firmando convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas en los que éstas a cambio de recibir financiación para el control de la incapacidad temporal permitían el acceso a la Historia Clínica informatizada de la población trabajadora. Comunidad Autónoma Vasca y Navarra nunca habían aceptado permitir dicho acceso por diversas razones. El año 2019 el Gobierno Vasco también sucumbió a la exigencia estatal y sin contraprestación económica.
Hay que decir que la Inspección Médica del ISPLN aporta con la máxima celeridad todos los datos e informes requeridos por el INSS, pero sólo y exclusivamente aquellos referidos al proceso que determina la baja médica en estudio. Ahora todo va a cambiar, el personal médico de Seguridad Social podrá acceder a todo el contenido de la Historia Clínica.
En Navarra el acceso a la Historia Clínica por parte del INSS siempre se ha entendido que podría conculcar el derecho a la confidencialidad de los datos médicos de las y los trabajadores en tanto que usuarios del Sistema Público de Salud dado que el objeto de dicho Instituto se circunscribe a la gestión de una prestación económica, que no sanitaria, de la seguridad Social.
Consideramos que es el momento de actuar y tomar decisiones. Los análisis y diagnóstico están hechos, y hay una estrategia aprobada que inexplicablemente no se ha puesto en marcha por el Gobierno. Se necesitan unos cambios urgentes y otros a medio plazo, que den credibilidad a los discursos, que motiven a los y las profesionales.
Es necesario revitalizar el papel de la AP como agente de salud ante pacientes y ciudadanía. Estas propuestas fueron trasladadas por escrito y oralmente a la Dirección General de Salud el 28 de noviembre y el 21 de diciembre para que sean tenidas en cuenta en el Análisis de situación y Plan de acción de la AP pendiente de realizar y cuya finalización consideramos necesaria y urgente.
Nuestra propuesta incluye tres bloques de medidas.
El primer paquete de medidas, inmediatas, a desarrollar entre enero y marzo y que estarían orientadas fundamentalmente a mejorar la accesibilidad a la AP y garantizar la continuidad en la atención y cuidados.
Buscan favorecer la equidad, en el acceso y atención a pacientes, COVID y no COVID, conforme a sus necesidades; asegurar una Cartera de Servicios homogénea en todas las Zonas Básicas; garantizar la atención presencial en todos los Centros de Salud con suficiente seguridad; redimensionar las plantillas actuales así como asegurar las sustituciones; reforzar el personal administrativo, redimensionar las tecnologías de comunicación, tanto las líneas telefónicas, como la posibilidad de video-llamadas; generar espacios en AP para comunicación con profesionales del nivel hospitalario; facilitar la consulta conjunta profesional de AP, de Hospital y paciente; y desarrollar Equipos multidisciplinares integrados con los Equipos de Atención Primaria de refuerzo para seguimiento de casos COVID en Zonas Básicas con mayor incidencia.
También sería fundamental elaborar un Plan de intervención social que permita asegurar medidas de protección y aislamiento frente al COVID en grupos desfavorecidos y vulnerables; desarrollar una estrategia de comunicación orientada tanto a poner en valor el trabajo de AP, como a trabajar entre la población las diferentes situaciones que se dan durante la pandemia, el miedo, la impaciencia, la inseguridad, o la dificultad en la asunción de riesgo; y trabajar con los medios de comunicación para promover una información crítica y veraz, que no estigmatice a grupos de población y genere confianza y autorresponsabilidad.
Proponemos un segundo paquete de medidas, a implantar a corto plazo, a desarrollar entre enero y junio.
Entre ellas, incorporar transitoriamente un complemento retributivo a la totalidad de profesionales de AP; reforzar las plantillas; impulsar la atención domiciliaria dentro de los Programas de atención a personas con patología crónica, frágiles y con cuidados paliativos; realizar un Plan proactivo de atención a Residencias de mayores que garantice la universalización de la atención desde AP; potenciar la Coordinación Socio-sanitaria; fomentar la creación de Equipos territoriales en atención Primaria incorporando nuevos perfiles profesionales y nuevas funciones para fortalecer el desarrollo del trabajo intersectorial y la intervención comunitaria, en especial en la lucha contra las desigualdades en salud; crear el perfil de personal administrativo de salud (FP sanitaria); Plan de reposición urgente de profesionales, cubrir vacantes; y Plan para asegurar la continuidad en los profesionales en formación de Medicina de Familia que finalizan su residencia en mayo.
Consideramos imprescindible articular mecanismos de participación, tanto de profesionales como de la población; reactivar el Consejo Interdepartamental de Salud, para impulsar la salud en todas las políticas, atendiendo a poblaciones vulnerables que están siendo afectadas de forma notable por la pandemia, políticas de vivienda, desarrollo rural y emigrantes; favorecer la implicación de los profesionales de AP en la investigación y formación.
En cuanto a infraestructuras, creemos urgente elaborar en 6 meses un plan de inversiones en Centros de Salud, que permita dar cabida a nuevas funciones, como rehabilitación, atención psicológica, terapia ocupacional, acción social, espacios tecnológicos para videoconferencia o consultas telemáticas.
En tercer lugar, se plantean una serie de medidas estructurales, presupuestarias y normativas.
Entre las presupuestarias, incrementar progresivamente el presupuesto destinado a AP hasta el 25% en 3 años; ampliar la financiación destinada a los servicios de Salud Pública hasta el 3% en 2 años; controlar el gasto farmacéutico; redimensionar el gasto y estructura hospitalaria; realizar Proyectos de mejora de eficiencia y humanización; y controlar y reducir los Conciertos.
Entre las medidas normativas, se plantea elaborar en esta legislatura, un Estatuto del Personal del Departamento de Salud, que incorpore nuevos perfiles profesionales, y presentar inmediatamente al Parlamento un Anteproyecto de Ley Foral de Salud que fortalezca el Sistema Público de Salud.
Como decíamos al principio, la crisis del COVID no ha hecho sino poner de manifiesto y agravar los problemas tanto organizativos como estructurales ya detectados del Sistema Público de Salud. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante la situación que estamos viviendo. Exigimos a quienes ocupan puestos de responsabilidad en Salud, que den los necesarios pasos en la dirección adecuada. Pasos que se merecen tanto todos los sectores profesionales como la ciudadanía.
Pamplona, a 27 de enero de 2021/ Iruñea 2021ko urtarrilaren 27a
