Asistencia sanitaria, un derecho universal

El nuevo Gobierno del Estado español ya ha anunciado que va a garantizar el derecho a la atención sanitaria a todas las personas que residan en el Estado, independientemente de su situación administrativa. Como entidades que trabajamos en el ámbito de la salud y los derechos humanos damos la bienvenida a dicho anuncio y demandamos a la ministra de Sanidad, Carmen Montón, a adoptar, “sin mayor dilación”, la derogación de dicho decreto para revertir los “devastadores efectos” del Real Decreto 16/2012, por el que se retiró la tarjeta sanitaria a cientos de miles de personas, la mayoría migrantes en situación administrativa irregular.

La industria farmacéutica se beneficia de medicamentos contra el cáncer desarrollados con una gran inversión pública

Extraído de: http://www.medicosdelmundo.es/blogosfera/navarra/2018/04/17/la-industria-farmaceutica-se-beneficia-de-medicamentos-contra-el-cancer-desarrollados-con-una-gran-inversion-publica/

Los tratamientos para el cáncer son uno de los grupos de medicamentos con precios más altos y que más ingresos generan para la industria farmacéutica. Sin embargo, hay una importante inversión pública en las fases de investigación y en los ensayos clínicos de muchos de los fármacos. Esta es una de las principales conclusiones del informe “Los medicamentos para el cáncer”: altos precios y desigualdad, que publica hoy la campaña “No es Sano”.

No es incompetencia, es estrategia

Concentración frente al Centro de Consultas Príncipe de Viana (24/5/18)

El 24 de mayo, en distintos lugares del Estado, se van a llevar a cabo acciones de nuevo con el objetivo de denunciar la insostenible situación que se está viviendo en relación a las listas de espera en la sanidad pública. La demora en la atención, es uno de los elementos que expresan los procesos de deterioro y desmantelamiento y a la postre desprestigio de la sanidad pública, los cuales, mantenidos en el tiempo, facilitan el camino a las aseguradoras privadas y favorecen la privatización a través de los conciertos con la sanidad privada.

Si bien no existen realidades realmente buenas en lo que a listas de espera se refiere, la situación es extremadamente desigual dependiendo del territorio al que nos refiramos. La Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS), apunta que “mientras una consulta preferente con el especialista tenga que hacerse antes de 10 días en Navarra, en otros territorios pueda retrasarse más de 10 meses. O que una prueba diagnóstica normal sea realizada antes de 45 días, mientras que en otros lugares pueda demorarse 1 año o más. Incluso cuando hablamos de enfermedades graves, como pueden ser procesos oncológicos, hay comunidades autónomas que “garantizan”el tratamiento quirúrgico antes de 30 días, mientras que en otras la misma intervención puede demorar 6 meses”. La pasividad política es patente y no hay iniciativa alguna con la intención de enmendar a las Comunidades más descuidadas a la hora de atender un derecho fundamental como la salud. El deterioro de las listas de espera prolongadas manifiesta la apuesta de sus gobiernos por convencer a la ciudadanía de la necesidad de que firme pólizas de seguro y aporte así parte de sus ingresos en beneficio de los negocios sanitarios privados. La desidia forma parte de esta estrategia.

La asistencia sanitaria es un derecho

El Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido la asistencia sanitaria universal en Navarra, al considerar que la Ley Foral 8/2013, la cual reconocía el derecho a la asistencia sanitaria universal a todas las personas que viven en Navarra, contraviene lo establecido en el Real Decreto 16/2012.

De esta manera, se está anulando progresivamente las leyes y normas autonómicas, que buscaban mantener la cobertura de la asistencia sanitaria universal para las personas que se encuentran en una situación administrativa irregular, después de que el polémico decreto los excluyera del Sistema Nacional de Salud y modificase el sujeto de derecho: hablando de personas beneficiarias, reduciendo la sanidad a cifras y abriendo además la puerta a futuras privatizaciones del sistema público de salud. Un decreto que vio la luz en un tiempo exprés, basado en argumentos economicistas y xenófobos, por eso cada territorio puso en marcha diferentes fórmulas jurídicas para poder dar cobertura a todas las personas, parches que año tras año el Tribunal Constitucional ha ido arruinando, argumentando la falta de competencias, otorgando al estado la capacidad de vulnerar derechos tan fundamentales como la Salud.

Mutuas a debate: Mesa redonda el 2 de mayo en Condestable

Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social “Una estrategia silenciosa contra el sistema público de salud”.

Mutua Navarra, Asepeyo, Fremap, Fraternidad, Universal, Maz, Mc Mutual, Ibermutuamur son algunas de las 20 MUTUAS que conforman la Asociación de Mutuas AMAT. Las mutuas, según la legislación vigente, son asociaciones privadas de empresarios sin ánimo de lucro que colaboran con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en la gestión de algunas prestaciones de la Seguridad Social. Se financian mediante las cotizaciones a la Seguridad Social (SS) y mediante las inversiones financieras de sus recursos. Actualmente manejan cerca de 10.000 millones de euros al año a través de estas cotizaciones. Son entes privados, gestionando recursos y servicios públicos.

EUROPA POR UNA SANIDAD PARA TODAS Y TODOS

Este 7 de abril, DÍA MUNDIAL DE LA SALUD , la Red Europea contra la privatización y la comercialización de la salud y de la protección social inicia la campaña “Un año por una sanidad para todas y todos”, con la mirada puesta en las próximas elecciones europeas de 2019, con el objetivo de forjar compromisos por parte del mundo de la política para llevar adelante iniciativas de defensa del derecho a la salud y para frenar los fenómenos de mercantilización-privatización que en distintas formas se sufren en toda Europa.
La campaña se centra en cuatro ejes que dibujan el modo en el que avanzan los peligros para nuestros sistemas públicos de salud europeos.

Asociación para la defensa de la salud Pública de Navarra: ante la sentencia del tribunal Constitucional que niega el derecho a la sanidad a la población en situación irregular

Ante la sentencia del TC:

pensamos que es urgente la derogación del RDL 16/2012 sobre la Atención Sanitaria a la población inmigrante no regularizada, ya que es inhumano y lesivo para la Salud.
Como es conocido, el RDL 16/2012 entre otras muchas medidas lesivas para la Sanidad Pública, excluyó a la población no regularizada en España (los inmigrantes irregulares) de la Asistencia Sanitaria Pública. Esta situación provocó no solo un amplio rechazo social y profesional, sino graves problemas de Salud (existen varias muertes documentadas) para una población ya de por sí especialmente vulnerable.
Como respuesta, la mayoría de las CCAA, como es el caso de Navarra, pusieron en marcha normativas de diverso rango para garantizar y/o favorecer esta asistencia sanitaria, de manera que a mediados de 2017 solo la Comunidad autónoma de Castilla y León no había establecido ningún mecanismo de asistencia a los inmigrantes sin regularizar; La Rioja, lo hacía mediante un convenio con las ONG.